"Las soluciones ya no pueden, ni deben, quedar en manos de hombres providenciales, sino en la tarea participada de toda la comunidad". Monseñor Angelelli
En febrero de 1976 fueron detenidos en Mendoza el Vicario General de la Diócesis riojana, Mons. Esteban Inestal junto a dos dirigentes del Movimiento Rural, Rafael Sifre y Carlos Di Marco.
Luego del golpe de estado del 24 de marzo se intensificó el control y seguimiento a los miembros de la iglesia, en el marco de la represión desatada por la dictadura militar.
Mons. Angelelli levantó su voz para denunciar las violaciones a los derechos humanso e hizo conocer al episcopado la persecución de que era objeto la iglesia en La Rioja. Hizo gestiones ante las autoridades militares, incluso ante el Comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano B. Menéndez. "El que se tiene que cuidar es usted", amenazó el militar.
Ante la inseguridad, Angelelli acosejó a sacerdotes, religiosos y laicos abandonar la Diócesis para protegerlos, pero no aceptó la invitación de Obispos latinoamericanos para un encuentro en Quito, Ecuador.
"Tengo miedo, pero no se puede esconder el Evangelio debajo de la cama", confesó a sus familiares que vislumbrarban el trágico final.
La represión se agudizó. Fueron detenidos el P. Eduardo Ruíz, de Olta y el P. Gervasio Mecca, de Aimogasta. El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y asesinados los padres Gabriel Longueville y Carlos Murias, de Chamical. El 26 de julio ametrallaron en la puerta de su casa al laico campesino Wenceslao Pedernera, en Sañogasta.
Y cuando el 4 de agosto, Mons. Angelelli, junto al P. Arturo Pinto, retornaba a la Capital riojana, luego del novenario a los sacerdotes asesinados en Chamical, a la altura de Punta de los Llanos, su camioneta fue embestida por un auto "Peugeot 504", que le provocó el vuelco.
El cuerpo del Obispo fue sacado y su nuca golpeda contra el asfalto, quedando su corpulenta figura extendida con los brazos abiertos sobre la ruta.
Aunque se intentó ocultar el crimen, como un "accidente automovilístico" y la investigación judicial iniciada fue enseguida archivada.
En 1983, con el retorno de la democracia, la causa se reabrió. En 1986 el juez Aldo F. Morales dictaminó que la muerte de Mons. Angelelli fue un "homicidio friamente premeditado", debiéndose identificar los autores.
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